El ministro brasileño de Justicia, el exjuez Sergio Moro, se presentará en el Senado a explicar su intercambio de mensajes con el procurador Deltan Dallagnol para incriminar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirmaron hoy fuentes legislativas.
En 2017, Moro condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por supuestamente recibir un apartamento triplex en el litoral de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La próxima semana, el cuestionado exmagistrado será escuchado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, según el presidente de esa cámara, Davi Alcolumbre.
Detalló que el ministro se pondrá a disposición de los parlamentarios por medio de un oficio, luego del escándalo que enfrenta por la divulgación de comprometedoras conversaciones.
Al respecto, Moro restó importancia a los mensajes y aseguró que en ellos ‘no se vislumbra cualquier anormalidad o dirección de actuación’ cuando fungía como juez.
El domingo, una serie de tres reportajes revelados por el sitio The Intercept sacaron a la luz inéditas conversaciones de Moro con fiscales para perjudicar a Lula, quien desde el 7 de abril de 2018 cumple prisión por presuntos actos de corrupción.
Tales revelaciones del equipo de periodistas, liderados por el bloguero y abogado estadounidense Gleen Greenwald, muestran cómo la operación anticorrupción Lava Jato no resulta una acción jurídica, sino una operación política fuera de la ley.
Las conversaciones fueron obtenidas hace algunas semanas por The Intercept a través de una fuente anónima. Los reportajes comienzan la serie con ‘Los mensajes secretos de la Lava Jato’.
El primero hizo públicas las motivaciones políticas que guiaron las acciones de la Lava Jato. El segundo revela cómo Moro instruyó a Dallagnol y sugiere cambios en las fases de la operación, proporcionando pistas y fuentes para la investigación, violando la neutralidad de magistrado.
Un tercer reportaje demuestra cómo la Lava Jato mintió en el Supremo Tribunal Federal sobre el caso del apartamento triplex.
The Intercept denuncia que ‘las conversaciones entre Moro y Dallagnol demuestran que el ministro se ha entrometido en el trabajo del Ministerio Público -lo que está prohibido- y fue bien recibido, actuando de manera informal como un auxiliar de la acusación’.
Marchan en Brasil para exigir libertad de Lula y renuncia de Moro
En tanto, miles de brasileños salen a las calles para pedir la liberación del expresidente Luis Inacio Lula da Silva y denunciar las recientes acusaciones en su contra.
Los ciudadanos brasileños enojados por la filtración de mensajes que revelan la complicidad entre el entonces juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, para mantener a Lula encarcelado, manifestaron el martes frente al Ministerio Público Federal de Sao Paulo.
La población solicitó la renuncia de Moro, quien junto a otros fiscales intentaron aprovechar del caso de corrupción de Lava Jato para obstaculizar la eventual victoria del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula da Silva, en las presidenciales del año pasado.
Del mismo modo, los manifestantes pidieron al Ministerio Público Federal establecer una investigación sobre las ilegalidades cometidas por los fiscales del dicho caso, entre ellos el jefe del caso Dallagnol.
“El país, sus empresas y personas inocentes (el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva) están siendo sacrificados por el ansia de poder y gloria de algunos jueces y de un grupo de procuradores”, dijo la expresidenta Dilma Rousseff horas después de que se filtraron conversaciones privadas.
Las manifestaciones se llevaron a cabo después de que el medio digital The Intercept, publicara mensajes de Telegram entre Moro y Dallagnol, en las que ellos programaron redactar y presentar nuevas acusaciones contra Lula.
La Justicia de Brasil condenó al exdirigente brasileño (2003-2011) por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusaciones que él siempre ha negado. Desde su encarcelamiento el 7 de abril de 2018, gran parte de la población brasileña ha reclamado su puesta en libertad.
En agosto de 2018, el Tribuna Superior Electoral (TSE) de Brasil invalidó su candidatura para postularse a las elecciones presidenciales, en el marco de la llamada ley de “Ficha Limpia”, que prohíbe a los aspirantes presentarse a los comicios si tienen condenas confirmadas. Asimismo, impidió a sus correligionarios que utilizaran la figura del líder izquierdista en los debates electorales televisivos.